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(infodefensa.com)-La Armada española afirma que todavía está abierta la posibilidad de penalizar a la empresa Navantia por valor total de 31,7 millones de euros por incumplimientos referidos a la demora de las entregas, exceso de desplazamiento y defectos de estabilidad de los Buques de Acción Marítima Oceánicos —BAM—, según el Tribunal de Cuentas.
De acuerdo con el informe realizado por dicho tribunal de este programa especial de armamento y consultado por Infodefensa.com, la Armada reconoció penalidades a Navantia como contratista principal por incumplimientos en los cuatro buques ya construidos de la serie, bautizados como Meteoro, Rayo, Relámpago y Tornado.
En su documento, el Tribunal de Cuentas señala que tras recibir la justificación de la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada ante esta inacción, «estas aclaraciones no explican los motivos ni concreta las responsabilidades relativas a las penalizaciones de los expedientes de imposición de penalidades, habiéndose iniciado estos expedientes en algunos casos en el ejercicio 2011».
RETRASOS DE HASTA 23 MESES
El documento del Tribunal de Cuentas recoge que el programa de los BAM acumuló en conjunto un retraso en las entregas de 78 meses respecto a las fechas previstas en orden de ejecución. El buque que acumuló un mayor retraso fue el primero, Meteoro que fue entregado 23 meses después de lo previsto. El resto fueron entregados 18 y 19 meses más tarde respecto a la fecha inicial firmada.
Estos retrasos son la causa principal de que se abrieran los expedientes para penalizar a Navantia y, según las memorias oficiales del programa, se calcularon por un importe global de 30,3 millones —9,6 millones por el Meteoro 7 millones por el Rayo 6,1 millones para Relámpago y 7,4 por el Tornado—.
También se fijaron otras penalidades menores de entre 22.000 y 352.000 euros por exceso de desplazamiento y defectos de estabilidad en los cuatro buques pero con cantidades diferentes para cada uno.
JUSTIFICACIÓN DE LA ARMADA
En la justificación aportada por la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada ante lo mencionado por el Tribunal, se señala que las memorias justificativas elaboradas por la Dirección de Construcciones Navales constituyen una propuesta inicial de penalidades, atendiendo a los retrasos y defectos apreciados, «pero —dice— sin que se haya dado a la empresa Navantia la oportunidad de alegar acerca de las citadas penalidades».
«Por este motivo —agrega la Armada— no puede considerarse que la cuantía de 31.746.000 de euros que se reseña en las memorias, sea la que finalmente sea determinada por la Armada, ya que para ello habrá de finalizarse el procedimiento iniciado en su momento. En este sentido, y tal y como se señala en el escrito de 26 de enero de 2012 del 2º Jefe de Estado Mayor de la Armada, dirigido al Director de Construcción Naval de la empresa Navantia, se expresa que la Jefatura del Programa podría no disponer de todos los elementos de juicio necesarios para determinar la responsabilidad del contratista —causas del retraso, imputabilidad o no de la empresa…—».
Por eso, las dos partes decidieron crear un Grupo de Trabajo con representantes de la Armada y Navantia para determinar el alcance final de las penalidades y la imputación que corresponde a las mismas. «Quiere ello decir —considera la Armada—, que la cuantía de las penalidades no ha sido fijada de manera definitiva, y por tanto, la exigencia de penalidades está pendiente de la determinación final de las mismas, caso de ser imputables a la empresa, así como, en su caso, el grado de responsabilidad».
Señala, asimismo, que en cuanto a la no exigencia de las penalidades que pudieran corresponder, cabe considerar que no ha habido aquiescencia por parte de la Armada a la no imposición de las mismas, toda vez que el Grupo de Trabajo no ha llegado a ninguna determinación al respecto.
NO COMPATIBLE TENER BENEFICIO PARA NAVANTIA
Como ya ha señalado en el pasado, el Tribunal de Cuentas estima que «no es compatible» incluir un beneficio a percibir por Navantia teniendo en cuenta que se trata de una sociedad estatal íntegramente participada por la SEPI. Según la información disponible, Navantia incluyo un beneficio de entre el 4 y el 12 %.
«La legislación estatal vigente en esta materia si bien es casuística contemplando de manera individualizada las distintas sociedades públicas, obliga a todas ellas a facturar, cuando ejecuten encargos para la Administración, únicamente costes reales. No se prevé la inclusión de beneficio industrial, que sí ha de pagarse al contratista privado dado que éste no tiene la obligación de aceptar el encargo, como en el caso de las empresas públicas, siendo el beneficio, esto es, el &ánimo de lucro, el principal incentivo buscado por el empresario particular», señala el Tribunal.
En sus alegaciones, el Ministerio de Defensa clarifica que debe hablarse de «margen industrial» vinculado a los riesgos asumidos por la empresa, en especial en relación con la adopción de tecnología de desarrollo. «Adicionalmente y como no puede ser de otra manera, el Ministerio de Defensa adoptará la conclusiones del Tribunal de Cuentas en el ámbito de las nuevas relaciones con la empresa pública Navantia», señala el departamento que ahora dirige en funciones Pedro Morenés.
133,8 MILLONES DE REVISIÓN DE PRECIOS
El documento del Tribunal de Cuentas consultado por Infodefensa.com afirma que el programa recogió una revisión de precios por los cuatro buques de 133,6 millones de euros y agrega que el Grupo de Evaluación de Costes —GEC— hizo observaciones sobre las fórmulas utilizadas para dicha revisión.
«Las recomendaciones del GEC no fueron tenidas en cuenta —dice el dictamen del Tribunal de Cuentas— lo que incremento sustancialmente el importe de las cuantías satisfechas en concepto de revisión de precios que superó los 99 millones inicialmente previstos llegando a alcanzar los 133,6 millones».
Durante la duración del programa, el Ministerio de Defensa autorizo 12 propuestas de cambio, es decir, modificaciones respecto a las especificaciones originales, para ampliar la seguridad del personal o materia, la funcionalidad de los sistemas y, en general, a un óptimo cumplimiento del objeto del contrato. Estos cambios representaron un incremento de gasto de 6,7 millones, de la que la mayor parte se refirió; a la adquisición del sistema de manejo de helicópteros Trigón 5.
En términos generales, el resultado final del programa muestra que el techo presupuestario fijado por el Gobierno en 2013 ha resultado superior al coste del proyecto, 497,9 millones, contabilizadas todas las revisiones de precio y demás.
Respecto a la organización del programa, el Tribunal de Cuentas resalta que no se llegó; a aprobar la directiva del programa BAM a pesar de que se trata de un documento principal para regular su funcionamiento y critica que la oficina del programa por parte de la Armada estuviera integrada solo por tres personas —Jefe del Programa y los responsables de Plataforma y Sistemas—.
