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La juez titular del juzgado de lo Contencioso de Ferrol concede un plazo improrrogable de diez días al Concello de fene para que se de cumplimiento a la resolución dictada el día 27 de septiembre mediante la cual se restituían , de manera cautelar, los derechos plenos de los ediles de Somos Fene Xosé M. Rodríguez Bastida y César castro García, de Somos Fene.
Ante los hechos acaecidos en el pleno de moción de censura de 26 de octubre, suspendido por la decisión unilateral de la concejal del BNG Mariela Aguilar , representante de mayor edad en la Mesa de Edad, al no reconocer los derechos plenos de los concejales de Somos Fene , restituidos por el juzgado de lo contencioso de Ferrol con fecha 27 de Setiembre, ambos concejales reclamaron a dicho juzgado la ejecución forzosa de dicho auto.
Requerimiento al Concello
Ahora el juzgado de lo contencioso de Ferrol, con auto de fecha 6 de noviembre a petición de los concejales de Somos Fene X.M. Rodríguez Bastida y César Castro García, requiere al Ayuntamiento de Fene la “Ejecución forzoza” del auto de 27 de septiembre en el que se estima la medida cautelar por el que se reconocieron los derechos plenos de dichos concejales.
En el mismo auto la juez titular “ordena” que se dé cumplimiento a dicha resolución en el improrrogable plazo de 10 días so pena de que al cabo de ese plazo “se podrán adoptar las medidas necesarias para lograr su efectividad”. Ello además de que se podrán poner multas a las autoridades, funcionarios o agentes de ciento cincuenta a 1.500 euros, sin perjuicio de otras responsabilidades patrimoniales y de otras responsabilidades penales.
Ello supone un gran varapalo judicial a las pretensiones del BNG de Fene y del alcalde Juventino Trigo, al que somos Fene califican de “ilegítimo e ilegal”, y exigen “que acaben por parte de dicho partido las maniobras ilegales y antidemocráticas”.
Somos Fene reitera la necesidad de que se restituya la legalidad en el ámbito político del Concello , “marco necesario e imprescindible para el libre ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos y también un requisito imprescindible para la recuperación de un ambiente de tolerancia cívica”.
