Amancio Ortega y el árbol que impide ver el bosque

Enrique Barrera Beitia
Creo que cometen un error los que desde posiciones izquierdistas, que no de izquierdas, critican las donaciones que Amancio Ortega ha hecho, sobre todo porque las asocian injustamente a un presunto fraude fiscal. La crítica viene a ser algo así como que “este señor defrauda al fisco, y luego dona una parte de lo que tenía que haber pagado”. Para alguien de izquierdas, por ejemplo un socialdemócrata, el
problema no debería ser la existencia de ricos sino la existencia de pobres, lo que debe animarle a imponer que los más ricos sean los que más impuestos paguen.

Es evidente que en España hay evasión fiscal, pero lo realmente grave es que tenemos un sistema que permite a los multimillonarios pagar pocos impuestos sin incurrir en ninguna ilegalidad. Amancio Ortega tiene a su servicio a profesionales muy competentes, y no seré yo el que le critique si les dice que hagan los cálculos para pagar el mínimo legal. Tampoco le criticaré que sin tener obligación de hacerlo, y por
las razones que sean, done cientos de millones de € para material sanitario o para construir en Ferrol una residencia de mayores, y mucho menos le haré responsable de la permisiva legislación fiscal, salvo que alguien presente pruebas de que ha corrompido a los legisladores.

Amancio Ortega es una excepción, porque nuestros multimillonarios no son solidarios salvo contados casos, y por ello sorprende la solidaridad que encuentran en ciudadanos de a pié, convencidos de que no hay que ponerles demasiados impuestos porque pueden enfadarse e irse a otros sitios. Se trata de una de esas “ideas zombi” que se repiten una y otra vez, ya que aquellos que en Europa han querido hacerlo se han encontrado con respuestas del estado suficientemente contundentes como para plegar velas.

Cuando hablo de grandes fortunas no me refiero a pequeños y medianos empresarios, sino a ese 1% de la población española que según el Banco de España, controla el 25% de la riqueza del país, y que paga menos del 13% en impuestos sobre sus beneficios.
Incluso podríamos acotar el debate a los 25 multimillonarios que figuran en la revista Forbes, desde el propio Amancio Ortega (63.000 millones de €) hasta Antonio Gallardo (1.300 millones de €), que acumulan un total de 115.000 millones, nada menos que el 8% de nuestro PIB. Si ampliamos las cifras al 10% de la población más rica, la acumulación de riqueza alcanza el 55%. Como cada español recibe unos
4.200 € anuales de los servicios estatales que utiliza, y como este dinero es aportado muy mayoritariamente por las clases medias, creo que está más justificado que se tomen cartas en el asunto.

El árbol que impide ver el bosque

Otro problema añadido es el impacto de las “fakes news” en la opinión pública, que han convencido a muchos de que no es necesaria una reforma fiscal para que el dinero llegue a todos los ciudadanos, ya que “basta con eliminar gastos superfluos”, como el de los 40.000 coches oficiales y los 450.000 políticos que cobran sueldos muy elevados. En realidad son 3.600 vehículos, y 100.000 cargos políticos, de los que
46.000 cobran un sueldo cuya cuantía varía enormemente; figuran en esta lista 67.000 alcaldes y concejales, y otras 33.000 personas que incluyen ministros, consejeros autonómicos, parlamentarios, administrativos de las oficinas de atención al ciudadano, asesores, y gestores de las empresas públicas.

¿Alguien puede considerar un abuso que el alcalde de Ferrol tenga un sueldo de 40.000 euros brutos al año?
En un entrañable ejercicio de buscar gastos que puedan ser recortados, algunos esforzados ciudadanos citan a guardaespaldas o feministas encargadas de realizar cursillos para fomentar el odio a los hombres, por poner algún ejemplo. Es decir, no hay tantos gastos superfluos como algunos dicen, y sí demasiado recorrido por hacer en materia fiscal.

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