Navantia pide la nulidad del juicio que perdió contra Rafael Pillado por la ausencia «por enfermedad» de su abogado

(EP)-La empresa naval pública Navantia ha reclamado que se anule el juicio celebrado el 20 de septiembre por el que fue condenada a indemnizar con casi 128.000 euros al histórico sindicalista y extrabajador de los astilleros Rafael Pillado, afectado por un cárcel de pulmón provocado por la exposición al amianto durante sus años como empleado de la antigua Bazán.

Según han trasladado fuentes de la compañía, la justificación de la petición radica en que la empresa había solicitado el aplazamiento de la vista oral por incomparecencia de su abogado debido a una enfermedad, algo que el juzgado rechazó.

Además, según la compañía, las empresas demandadas, Navantia e IZAR, han expresado su disposición a llegar a un acuerdo con el demandante, de manera similar a como se ha procedido en numerosos casos.

Con todo, estas mimas fuentes aseguran que no fue posible alcanzar un pacto porque Pillado decidió no facilitar su historial médico a IZAR, lo que «impidió» iniciar el proceso negociador antes de la vista oral.

Fuentes de Navantia han detallado a Europa Press que la «práctica totalidad» de los casos en los que la patología que presentan los demandantes es un mesotelioma pleural –como el de Pillado– se resuelven «desde hace años» con una negociación extrajudicial en la que se acuerdan indemnizaciones.

También aseguran que Rafael Pillado nunca llegó a trabajar en Navantia, pues trabajó para la Empresa Nacional Bazán, posteriormente IZAR S.A., en el astillero de Ferrol entre los años 1959 y 2002, y que la actual Navantia se constituyó como empresa en 2005.

CESE DE UTILIZACIÓN DEL AMIANTO

Asimismo, la compañía perteneciente a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) también apunta que el amianto se dejó de utilizar en las nuevas construcciones de los astilleros en el año 1980 y dos años más tarde, en el área de Reparaciones.

Afirman que esto está reflejado en «en numerosas sentencias» dictadas por los juzgados de lo social «de toda España» y que, por lo tanto, es IZAR Construcciones Navales –sociedad en liquidación– la empresa que negocia las posibles indemnizaciones a pagar a las personas que pudieran resultar afectadas por daños derivados de la exposición al amianto en los astilleros públicos.

Así las cosas, Navantia asegura que los astilleros públicos actuaron de acuerdo con los más avanzados conocimientos científicos y técnicos en cada momento sobre el amianto.