La Audiencia ha denegado la puesta en libertad provisional del acusado por el atropello mortal en Cedeira pero su defensa la volverá a solicitar en septiembre

cedeiraMaximino Caruncho Pérez, un constructor de Cedeira  de 67 años, continúa en prisión provisional acusado del atropello mortal a otro vecino de la localidad, Juan José García Cheda, de 76 años, que se produjo hace justo un año, y a la espera de que se señale la fecha de celebración del juicio en la Audiencia Provincial.

La defensa del acusado volverá a solicitar en septiembre su puesta en libertad. La pasada semana la sección 2 de la Audiencia Provincial volvía a rechazar la solicitud ante la supuesta intencionalidad del atropello y el peligro de fuga del acusado.

Sin embargo, la defensa de Maximino Caruncho argumenta que no existe riesgo de fuga y que el atestado de la Policía Local rechaza que existiese intencionalidad en el atropello, en contraposición con lo recogido por la Guardia Civil.

Entre el acusado y el vecino fallecido existía una manifiesta enemistad. El constructor realizó obras en un edificio colindante a la vivienda de García Cheda, que sufrió daños, lo que derivó en numerosas procesos judiciales entre ambos. De hecho, la relación entre los dos implicados había generado controversia entre los vecinos de la localidad coruñesa.

El 10 de agosto de 2012 

El siniestro tuvo lugar en la calle Area Longa de Cedeira, próxima al puerto, minutos antes de las 10.00 horas del 10 de agosto de 2012. Juan José García Cheda caminaba por el margen de la calzada y se dirigía supuestamente a su vehículo particular, aparcado en el lugar. Desde atrás, cuando el peatón caminaba de espaldas a él, fue atropellado por Maximino Caruncho.

Debido al impacto, Juan José García salió despedido hacia delante. Acabó golpeándose con su propio coche y falleció casi en el acto. El atestado de la Guardia Civil señaló que no se habían producido señales de frenada y que el conductor aún condujo unos metros antes de parar.

Maximino Caruncho, en cambio, declaró que no vio al peatón porque estaba mirando hacia otro lado y que se percató del atropello al percibir el impacto.

Dos informes diferentes

El atestado elaborado por la Policía Local difiere en sus conclusiones del de la Guardia Civil. Los agentes municipales sostienen que no existió intencionalidad en el atropello. El informe de la Guardia Civil, por el contrario, apunta hacia esa posible intencionalidad en el atropello, porque no se produjo frenada ni el vehículo paró de forma inmediata.

Homicidio o asesinato

De momento, ni la Fiscalía ni la acusación particular han realizado sus escritos de acusación, por lo que aún no hay solicitud concreta de pena y se desconoce si le acusarán de homicidio o incluso de asesinato.

El sumario, realizado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Ortigueira y remitido a la Audiencia Provincial, determinaba que existían indicios de criminalidad contra Maximino Caruncho.

 Solicitada la libertad provisional

Uno de los abogados defensores de Maximino Caruncho, Jorge Vázquez Vila, ha mostrado su «sorpresa» ante la nueva negativa de la Audiencia a poner en libertad provisional al acusado.

Precisamente, hace referencia a la existencia de «contradicciones», puesto que aunque existen «pruebas en su contra», como el informe de la Guardia Civil, también figuran otras, como el atestado de la Policía Local, «que indica que podría haber sido un accidente».

En este sentido, ha lamentado que «la Audiencia haga caso omiso del informe de la Policía Local y se centre solo en el de la Guardia Civil de Trafico«. «Nos sorprende que ni siquiera valore el atestado de la Policía Local», señala, porque «podría ser homicidio por imprudencia».

Además, «la propia autopsia del cadáver en sus conclusiones forenses dice que podría ser tanto accidente de circulación como acción homicida«, indica.

Jorge Vázquez Vila también muestra su «sorpresa» ante el supuesto «riesgo de fuga» de esta persona de «casi 70 años», sin antecedentes penales, y a que se haga referencia a sus «deudas con los bancos«, en un momento en el que «mucha gente tiene deudas con los bancos».

 El juez instructor había fijado una fianza de 165.000 euros con referencia a la eventual responsabilidad civil que podría derivarse del procedimiento penal. La familia del constructor ha cubierto esta cantidad con distintas propiedades, por lo que la defensa incide en este punto para argumentar su petición de puesta en libertad.

Así las cosas, la defensa tiene previsto solicitar la libre absolución del acusado y, subsidiariamente, en caso de que sea declarado culpable, un homicidio por imprudencia.

 

 

 

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