Un técnico aconsejó «desbloquear políticamente» la posición de la consellería do Mar respecto al ‘bunkering’

(Presidente Portos de Galicia)
(Presidente Portos de Galicia)

Un técnico de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, elaboró para el anterior presidente del ente, Ángel del Real Abella, un informe interno «en el que aconsejaba desbloquear políticamente la solicitud de suspensión del trámite» de modificación de la delimitación de espacios y usos portuarios (DEUP) –de octubre de 2012– «hecha por la Consellería do Medio Rural e do Mar«.

El presidente de Portos de Galicia, José Juan Durán, ha vuelto a responder este miércoles día 2, preguntas de la diputada del PSdeG la ferrolana Beatriz Sestayo, a quien ha dicho que «esto» fue considerado técnicamente posible» y «no supone ninguna maniobra política como se pretende dar a entender» por la socialista. «Dicho desbloqueo solo exigiría compromiso entre la Consellería do Mar y la Autoridad Portuaria», ha afirmado.

En la comisión de pesca del Parlamento gallego, Durán ha informado de que uno de los dos informes elaborados por el departamento de Rosa Quintana, pedía suspender la tramitación del cambio de la DEUP hasta que se aprobase el plan de ordenación de los cultivos en zona marítima.

Respecto a dicha modificación, ha dicho que el expediente «no se incoó con el fin de autorizar el suministro de combustible a flote con buques fondeados en la ría de Ares» –técnica conocida por el nombre de ‘bunkering’ y cuya utilización es polémica debido a sus posibles efectos medioambientales–.

Al respecto, ha asegurado que una de las tres partes del expediente se refiere al cambio «puntual» de afectación de aguas en la ría de Ares y «justifica que, para cumplir la vigente ley de puertos, el fondeadero de la ría de Ares, que es utilizado por los puertos de A Coruña y Ferrol de forma diaria y desde hace décadas, debe formar parte de la zona de servicio de dichos puertos».

«Es por eso que ambos emprendieron la modificación sustancial de sus respectivos planes de uso para incluir el fondeadero de la ría de Ares en sus zonas de servicio«, ha justificado el responsable de Portos ante la portavoz socialista.

Sin necesidad de evaluar impacto ambiental

Pero, además, José Juan Durán ha subrayado que «la normativa vigente no establece la necesidad de evaluación de impacto ambiental» para este tipo de operaciones. «En el caso concreto de la actividad por la que pregunta usted –le ha dicho a Sestayo–, el suministro de combustibles desde medios flotantes, no está presente ni por aproximación en ninguno de los dos grupos de proyectos arriba mencionados«, ha resaltado.

«Cosa distinta», ha confrontado el dirigente autonómico, «es que la Autoridad Portuaria de referencia, atendiendo a la normativa vigente en materia de seguridad y medio ambiente, establezca, de acuerdo con las administraciones competentes en ambas materias, los procedimientos ambientales y de seguridad que correspondan a cada caso y autorice o no operaciones concretas».

Durán ha reiterado, como ya hiciera en su última intervención ante la diputada del PSdeG sobre este tema, que «ninguna operación concreta de suministro a buques fondeados en las rías de Ferrol y Ares fue autorizada hasta ahora a las empresas titulares de autorizaciones de prestación del servicio comercial, que, no obstante –ha añadido–, sí obtienen permiso para dar suministro a buques amarrados a puertos».

 «No se coló ningún correo electrónico»

«A la Autoridad Portuaria no se le coló ningún correo electrónico ni se le pidió a la Xunta no hacer análisis ambiental ni de impacto sobre el marisqueo y la pesca«, ha replicado el presidente a los reproches de la socialista.

Así, ha relatado, en febrero de 2013 «un técnico de la Autoridad Portuaria elabora para el presidente de la misma un informe interno en el que aconseja desbloquear políticamente la solicitud de suspensión del trámite hecha por la Conselleria do Medio Rural e do Mar».

«Esto se considera técnicamente posible y no supone ninguna maniobra política, como se pretende dar a entender en la pregunta. Dicho desbloqueo solo exigiría compromiso entre la Consellería do Mar y la Autoridad Portuaria», ha señalado.

Ha argumentado sobre esto que «las posibles coincidencias entre aguas portuarias de Ares y aguas destinadas a acuicultura se solucionarían con, primero, la desafectación de las zonas de coincidencia y, segundo, con el no fondeo efectivo de buques en esos puntos de coincidencia mientras se tramita la desafectación».

«Ese correo electrónico«, ha dicho –por el «informe interno» del técnico de la Autoridad Portuaria– «figura en el expediente porque forma parte» del mismo. «No se le coló a nadie«, ha reiterado.

En este sentido, el titular de Portos ha opinado que los «representantes políticos de ambas administraciones deben debatir los asuntos concernientes a ambas partes y resolverlo si es posible, cumpliendo la ley con transparencia y publicidad y con claros beneficios para la gestión económica y ambiental de las superficies portuarias».

 Materialización del «desbloqueo político»

«Esto es lo que debe entenderse por desbloquear políticamente, frente al significado negativo que se le quiere atribuir», ha incidido y ha añadido que «el desbloqueo político se materializó finalmente en un escrito del anterior presidente de la Autoridad Portuaria, el señor Del Real Abella, a la conselleira –Quintana– emitido en marzo pasado».

Para terminar, Durán ha hecho hincapié en que «no es cierto que se propusiese ninguna acción de elusión de lo informado por la consellería». «Claramente se habla de desbloquear la suspensión solicitada por la consellería por motivos administrativos de superposición de planificación y de reconocer y cumplir lo solicitado en materia ambiental«, ha remachado.

Y, ya por último, el presidente de Portos de Galicia ha querido «aclarar que desde la consellería no se recibió ni se admitiría presión alguna», al indicar que, «lejos de eso, la Autoridad Portuaria puso a disposición la documentación que se acompaña y las reuniones técnicas correspondientes, siempre con el habitual espíritu positivo de colaboración leal entre administraciones y de cumplimiento de la ley».

 

 

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