Los desahucios de Ferrol

Sede de Bienestar Social en la calle Sánchez Barcaiztegui 35.

Enrique Barrera Beitia.

No se puede evitar que haya desahucios una vez que el juez dicta la orden de desalojo, pero se pueden reducir estas órdenes y ofrecer alternativas a los desalojados. Para ello, la concejalía de Bienestar Social creó en julio de 2015 la Oficina Municipal de Mediación contra los Desahucios. Es necesario evitar la picaresca, porque siempre acudirán personas a intentar cazar estas ayudas, sin tener necesidad de ellas; para evitarlo, están los trabajadores sociales municipales y los de la Xunta. El protocolo que se sigue en Ferrol es el siguiente:

1. Coordinarse con los juzgados de Ferrol, para que estos avisen con tiempo de los casos de impago con riesgo de desahucio.

2. Identificar los desahucios que se deben evitar, que son los de primera vivienda y los de personas con graves problemas económicos. Contra lo que mucha gente cree, la mayor parte de los afectados no tienen que ver con las hipotecas, sino que son personas que viven en pisos de alquiler. No se atienden los casos de segunda vivienda, o cuando la persona afectada ha robado, rechazado un trabajo, o dispone de suficiente solvencia económica.

3. La Oficina Municipal de Mediación contra los Desahucios intenta ejercer un papel de mediación entre el banco o la inmobiliaria por una parte, y la persona afectada, ofreciendo tres opciones: convencer al banco para que conceda la dación en pago (la familia devuelve la casa y cancela la deuda), pactar una nueva financiación de la hipoteca, pactar que la familia quede en la vivienda ya embargada pagando un alquiler más barato, es decir, reconvertir las mensualidades de la hipoteca en un alquiler social, y en los casos de alquiler (la mayoría), subvencionar una parte.

La cooperación de los juzgados con el concello de Ferrol, es imprescindible para reducir los desalojos de viviendas

La Bolsa de Emergencias Sociales para estos casos oscila entre 250 y 290 euros mensuales. Además de estos fondos municipales, se recurre al denominado Bono de Alquiler Social que financia la Xunta de Galicia (150 euros mensuales). Además, la Xunta de Galicia dispone de un cierto número de viviendas disponibles (creo que son 150) en virtud de un convenio firmado con Abanca y la Sareb.

Buen funcionamiento, pero…

En los primeros catorce meses, esta oficina ofreció soluciones habitacionales a 92 familias, es decir, ha tenido a mi entender un funcionamiento razonablemente positivo (de hecho, se advierten un «efecto llamada»). Sin embargo, en los últimos meses estoy apreciando una serie de problemas, cuyas causas podemos identificar en dos graves errores políticos:

* Por un lado, la comunicación de la concejalía con los juzgados se ha reducido drásticamente.

* Por otro lado, la Xunta puentea al concello de Ferrol y a sus servicios sociales, adjudicando de manera prematura y directa una vivienda a la persona afectada, pero endosando al concello la luz, el agua y la contribución. Que yo sepa, esto ha ocurrido en dos ocasiones. Esta intervención directa de la Consellería, que necesariamente tiene que tener el visto bueno del ex-alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, en cierta manera «está matando moscas a cañonazos», porque problemas que pueden resolverse con un bono de alquiler social, consumen un último y escaso recurso.

De estos problemas hay que extraer lecciones, y una es que los desahucios no se puede abordar sólo desde los Servicios Sociales del concello, sino que tiene que involucrar a la administración autonómica.

Los políticos deben dejar trabajar al personal de las diferentes administraciones, y que estos se coordinen. Cuando por razones políticas se utilizan casos concretos para obtener réditos partidistas, se entra en una mala práxis. Por ello, respetar el protocolo de actuación es imprescindible si queremos evitar que esta herramienta de trabajo social se atasque.

 

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5 comentarios

  1. Podría hablar el Sr. Barrera durante su época política de algún desahucio que se hubiese producido. Pero igual debería de estar callado de esa época y no dar las lecciones que para si no tuvo.

    • Enrique Barrera Beitia

      Estimado José;

      cuando yo era concejal de Servicios Sociales (1990-1994) se recuperaron cerca de 35 pisos de Recimil que estaban vacíos, y se entregaron a personas que estaban en una lista de espera (elaborada por la concejalía). Por otra parte, en aquella época no había una oleada de desahucios como en los últimos años.

  2. Pero si los propios funcionarios no realizan las tareas que les corresponden,porque dicen no ser de su jurisdicción y culpan a otros compañeros… Está claro que así es como todo sale mal,eso sí,lo pagamos los ciudadanos de a pie,como siempre.

  3. Servicios sociales de Ferrol, tanto políticos como funcionarios necesitan una cura de humildad y buen hacer no sólo cobrar al finalizar el mes. Una triste pena .

  4. Como bien dice Sr barrera hay que acabar con la picaresca
    Deberíamos de invertir el dinero de lo social para desaucios en darles un puesto digno de trabajo y que puedan pagar sus facturas