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Enrique Barrera Beitia
Hace 40 años, un domingo 9 de abril, el Partido Comunista de España quedó legalizado, y sesenta y nueve días después se celebraron las primeras elecciones democráticas. Aunque lamentablemente continúan sin ser desclasificados documentos claves para construir un relato histórico fiable, importantes colaboradores del ya fallecido ex-presidente, han aportado nuevos datos para aproximarnos a esta etapa clave de nuestra historia.
La legalización de los comunistas fue la decisión más audaz y decisiva de Adolfo Suárez. El PCE y CC.OO eran la referencia de la izquierda, la columna vertebral de la lucha contra la dictadura, los únicos que podían movilizar a una parte significativa de la población.
Sabemos que Adolfo Suárez encargó varias macro-encuestas al Instituto de Opinión Pública (posteriormente, el CIS), y todas aseguraban que en unas elecciones libres, obtendrían en torno al 10%, y por lo tanto, tendría escasa capacidad para condicionar la actividad parlamentaria. También se sabía, sin necesidad de hacer encuestas, que las Fuerzas Armadas no querían que se legalizara al PCE ni a CC.OO. El riesgo de golpe militar era real.
Sabemos que también se oponían los gobiernos de EE.UU y de Europa Occidental, y que se decidió legalizar al PSOE ya en febrero de 1977, para que fuera reconstruyendo su estructura y adquiriendo consistencia, de manera que pudiera captar la mayor parte del voto progresista. También sabemos que se decidió legalizar a los socialistas, cuando se obtuvieron garantías de que su secretario general Felipe González, no favorecería alianzas con los comunistas, salvo en los ayuntamientos. En cualquier caso, todos creían que no se permitiría la participación del PCE en las primeras elecciones, y que en el mejor de los casos sería legalizado en las primeras elecciones municipales, o en las segundas elecciones al Congreso de Diputados. Santiago Carrillo cuenta en sus memorias, que en un reunión personal con Adolfo Suárez, este le propuso que el PCE se podía presentar a las elecciones, pero con otro nombre y ocultando el conocido emblema de la hoz y el martillo. El dirigente comunista se opuso en redondo.
Así que Adolfo Suárez tomó una decisión valiente y muy acertada, porque el PCE y Santiago Carrillo, respondieron con lealtad, y porque las dos parte honraron sus compromisos. Es importante saber esto, porque al ex-presidente lo acosaron y derribaron los que le encumbraron, y porque desde ciertos sectores de izquierda, nunca se ha perdonado al PCE aceptar ser legalizado a cambio de aceptar la monarquía.
La banca española quería la cabeza del presidente de gobierno, desde que abrió el mercado español a los bancos extranjeros. Además, su colega francés Giscard D’Estaing informó al presidente de la patronal bancaria, que Adolfo Suárez tenía preparado un decreto para intervenirles si boicoteaban al gobierno, aunque ignoramos si este plan era real. Por su parte, la iglesia católica no le perdonó el apoyo a la Ley del Divorcio, ni que sentara las bases para que la escuela pública terminara superando a la religiosa.
La legalización en Ferrol
La legalización se vivió en Ferrol de una manera especial, por ser una base naval y porque todavía estaban frescos los sucesos de marzo de 1972. La agrupación local comunista visibilizó la buena noticia, con una caravana de unos veinte coches, que recorrieron la ciudad tocando el claxon y con las banderas rojas sacadas por las ventanas.
Los militares tenían prohibido manifestarse, pero mandaron a sus mujeres delante de Capitanía para visualizar su descontento. Caridad “Cachita” Núñez, hermana del almirante Indalecio Núñez Iglesias, llevó la voz cantante en esta concentración. Un militar fallecido antes del 2.000 y cuyo nombre no puedo desvelar, guardaba una sólida amistad con un dirigente del PCE de Ferrol, y le pasaba información sobre el ambiente que se respiraba en Capitanía, donde estaba destinado. El 10 de abril, el ministro de Marina, Gabriel Pita da Veiga y Sanz, telefoneó al almirante Pedro Español Iglesias para pedirle su adhesión a un comunicado del ejército al gobierno, exigiendo la revocación del acuerdo.
– «Vuelvo a decirle, ministro, que yo haré lo que desde el gobierno se me ordene», replicó el almirante de Ferrol, alzando la voz de manera que su conversación fue oída por varias personas.
