Galicia Ártabra Digital Noticias de Ferrol y la comarca de Ferrolterra.
Situación límite la que tienen 44 familias de Ferrol y comarca por el cierre inesperado del concesionario oficial Motorkar de Opel en sus delegaciones en Ferrol y Laraxe, y que les ha dejado sin poder recibir sus vehículos Opel que fueron adquiridos algunos de ellos con un año de anterioridad y que han sido recibidos en la mañana del miércoles por el alcalde de Ferrol, Jorge Suárez y por el diputado parlamentario de En Marea, Antón Sánchez.
El diputado ha calificado esta situación como “unha estafa a todas estas persoas” y ha recordado que en estas situaciones “debe actuar o Instituto Galego de Consumo e así está escrito no Estatuto de Autonomía de Galicia”. Al mismo tiempo Antón Sánchez ha confirmado que desde este lunes En Marea ha presentado esta solicitud de actuación en el Parlamento de Galicia “para defender os intereses dos consumidores”, en una situación donde Opel “non pode facerse o remolón, porque as personas que han foron ao concesionario queren a marca Opel.”
Antón Sánchez también ha realizado un llamamiento a la solidaridad de la comarca con las 44 familias afectadas, las cuales “están nunha situación de indefensión” y que puede ocasionar “trastornos graves”, en una situación “que hoxe lles pasa a eles, pero mañá lle pode pasar a calquera.”
En la misma línea iba el alcalde de Ferrol, Jorge Suárez que ha manifestado que “debe cumprirse os lexítimos dereitos dos propietarios de poder disponer dos seús vehículos”. El regidor también se ha dirigido a Opel, la cual “ten que actuar tamén polo ben dos seús intereses”, sin olvidarse también de los 22 trabajadores de los que disponía el concesionario Motorkar, a los que se les ha propuesto un ERE extintivo y donde el alcalde ha deseado “que Opel os poida recolocar noutros concesionarios da marca.”
Los afectados también reciben el apoyo del PP
Tras finalizar esta reunión, las familias afectadas se dirigían a la sede del PP de Ferrol, donde han sido recibidos por el secretario general del PP de Galicia, Miguel Tellado y la portavoz municipal del PP de Ferrol, Martina Aneiros.
Miguel Tellado ha querido manifestar su “solidariedade e apoio”, donde ha aguardado “que se busquen as posibles vías de solución a un problema en el que eles non teñen ningunha culpa”.
El secretario general ha recordado que estas familias, como consumidores “teñen uns dereitos”, la administración “fará todo o que teña que facer dende o seu ámbito de actuación” y el juzgado tendrá que hacer “todo lo que lle corresponda para que a súa situación sexa solventada cunto antes”, teniéndolo que hacer con “celeridade.”
Miguel Tellado ha afirmado que el Instituto Galego de Consumo “debe abrir un expediente”, porque los derechos de los consumidores “está claro cales son” y que deben ser “devoltos á maior brevidade posible”, pero lo “fundamental” será la “celeridade coa que se actúe.”
Soluciones intermedias a algunos afectados
El portavoz de las familias afectadas, Carlos Amado ha afirmado que Opel se ha dirigido a 18 de las familias para ofrecerles un vehículo de sustitución, pero ha recomendado “no firmar ningún contrato con la marca si no es beneficioso para la familia”, donde ha recordado que Opel “es la que distribuye los coches al concesionario” y ha alertado que si esta forma de actuar la tuvieran todas las marcas “los consumidores estaremos perdidos”, porque si se adquiere un vehículo en un concesionario oficial “este tiene que tener todas las garantías legales.”
Esta solución intermedia no satisface a las familias afectadas, por lo que Carlos Amado ha solicitado a Opel España “que sea consecuente con su marca y que nos entregue el coche que nos corresponde” y donde ha recalcado que en todo este tiempo Opel España “no se ha dignado a mandar a un representante para hablar con los clientes.”
El mismo portavoz ha alertado del escaso tiempo que tienen para encontrar una situación, porque el próximo 1 de septiembre Motorkar entrará en concurso de acreedores, por lo que ha afirmado que “a partir de ese día solo podríamos disponer de los vehículos que tienen disponibles en el concesionario.”
Carlos Amado también ha dado a conocer que de estas 44 familias, 22 han presentado sus denuncias al Instituto Galego de Consumo “valoradas entre 350.000 y 370.000 euros”, siendo el total de dinero pagado por las 44 familias “sobre unos 800.000 euros”.
