En Fene, Gumersindo Galego y Xoán M. Bastida dan cuenta de los últimos fallos judiciales que el BNG ha intentado silenciar

Pleno moción de censura

La Justicia, a través de al menos 9 resoluciones judiciales, ha dado la razón a PP y Somos Fene en relación a la legitimidad del debate de la moción de censura que impidió la concejala del BNG de la mesa de edad en el pleno constituido hace ahora un año.

En la mañana de este viernes los portavoces del grupo municipal del PP, Gumersindo Galego, y de Somos Fene, Xoán Manuel Bastida, comparecían en rueda de prensa para dar cuenta de los últimos fallos judiciales, que el BNG ha intentado silenciar, y ponerlos a disposición de los vecinos y vecinas.

Explicaban que la justicia ha hablado, dejando claro que la edil del BNG actuó al margen de la ley y a sabiendas de estar adoptando una resolución injusta. Una artimaña que, añadieron, le permitió a su jefe de filas, el ex regidor del BNG Juventino Trigo, ocupar ilegítimamente la Alcaldía durante seis meses. Un tiempo perdido para Fene por la nula gestión de un gobierno en minoría e incapaz -4 concejales del BNG y 1 de IU de los 17 que integran la corporación-.

Al detalle, Bastida explicó que la última sentencia, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, desestima el recurso de apelación interpuesto por la Diputación provincial de A Coruña, en representación del Concello de Fene dirigido por Juventino Trigo, por Participación Democrática Directa de Galicia y por la edila de IU María del Carmen Martínez contra la sentencia del contencioso administrativo  nº1 de Ferrol. Esta sentencia declaraba ilegal el pase de los concejales de Somos Fene –el propio Bastida y César Castro- como no  adscritos. Y una sentencia que constata, como defendían los ediles, que siempre fueron Somos Fene y que tan sólo se deben a sus votantes. Cabe recurso, que tendría que presentarse ya ante el Tribunal Supremo, aunque el propio Bastida confía en que el BNG acepte de una vez por todas las sentencias y ponga fin a este despropósito.

Por su parte, Gumersindo Galego detalló que el juzgado contencioso administrativo número 1 de Ferrol también ha estimado el recurso presentado por el PP y ha declarado la nulidad de pleno derecho del acuerdo adoptado por la Mesa de Edad del citado pleno gracias al voto de calidad de la integrante de
mayor edad, a su vez concejala del entonces gobierno municipal del BNG. Según el fallo no hubo causa que amparase la polémica decisión de suspender aquella sesión plenaria que permitió la continuidad del gobierno formado por BNG e IU, más al contrario, la sentencia recoge que la moción reunía los requisitos exigidos por la ley y acreditados, al inicio de la misma, por la secretaria municipal. Asimismo, establece que ningún hecho ocurrió entre la convocatoria lícita del pleno y su celebración.

Además, tanto Bastida como Galego recordaron que sus respectivos grupos debieron recurrir a los juzgados para defender sus derechos ante los abusos del entonces alcalde y que en todo momento costearon de sus bolsillos la defensa legal. No así el regidor del BNG, que presentó los recursos en nombre del Concello de Fene y, por tanto ahora, será el Concello de Fene el que tenga que costear las costas impuestas al perder las causas. Dinero que saldrá de las arcas municipales y, por tanto, del bolsillo de todos los feneses.

Frente a la esperpéntica situación creada por el BNG, y tras prosperar la moción, en apenas siete meses, el actual ejecutivo integrado por PP y Somos Fene ha sacado adelante los primeros presupuestos de los últimos tres años; ha aprobado una ambiciosa modificación de ordenanzas fiscales con rebajas del
IBI, rodaje o recibo de la basura; ha amortizado la deuda bancaria; ha dado luz verde a inversiones que llevaban años esperando como la cubierta de la pista deportiva de Centieiras y ha cerrado los procesos de contratación de obras por valor superior al medio millón de euros

 

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Un comentario

  1. Un par de cosas. Ya dije yo que el asunto era denunciable. Que cometieron prevaricación al suspender el mundo pleno. Y que debería haber sido denunciado.
    Y, dos, qu estudie bien el Alcalde si se pueden repercutir los gastos de abogados y demás en los ediles que permitieron y apoyaron la suspensión.