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Enrique Barrera Beitia
El Servicio Central de Documentación (SECED) fue el Servicio de Inteligencia español durante 1972-1977, substituyendo a la Organización Contrasubversiva Nacional (OCN). Con la llegada de la Democracia se transformó en el actual Centro Superior de Información de la Defensa (CESID). Entre sus funciones estaba la de vigilar a la Conferencia Episcopal Española, y a los sacerdotes que simpatizaban con la oposición democrática y le prestaban cierta cobertura, lo que era visto con tanta perplejidad como irritación por los partidarios de la dictadura.
El Concilio Vaticano II había roto con el accidentalismo, una doctrina que consideraba secundario el régimen político de un estado, y valoraba fundamentalmente el trato dispensado a la iglesia católica; con Juan XXIII, la iglesia católica aceptaba la Democracia como el sistema idóneo de gobierno, y el cardenal Vicente Enrique y Tarancón, que presidía el cónclave de obispos, era fuertemente criticado por los sectores más radicales del franquismo. La vigilancia de las actividades eclesiásticas corrió a cargo de un departamento específico del SECED denominado “Sector Religioso”. Sabemos que prácticamente tenía informantes voluntarios en todas las parroquias, católicos descontentos con el contenido de los sermones y con otras iniciativas.
Un documento muy ilustrativo es el que figura arriba, sobre doce sacerdotes de la comarca responsables de las parroquias del Socorro, del Carmen, de Canido, de las Angustias, del Pilar, de los Dolores, del Rosario, de San Pedro, de Caranza, de Santa Mariña, de San Pablo, y de Meirás, esta última del concello de Valdoviño. Se trata de un simple borrador en el que se califica de “buenos” a tres párrocos, y de regulares (“r”) a otros cinco. Curiosas las dudas sobre Antonio Martínez Aneiros, que luego fue alcalde de Narón, cuyo nombre está tachado, y tiene adjudicada una “r”, y un misterioso “muy” que no sabemos a qué se puede referir.
Otro incidente significativo tuvo lugar en diciembre de 1974, cuando el director de la Domus Ecclesiae impide la entrada de la policía para detener a unos obreros que estaban encerrados. El informe recogido por el SECED pone al descubierto otra circunstancia: el control total que años antes ejercía la policía sobre los jueces, empezaba a agrietarse. El informe no da el nombre del juez ferrolano que se niega a extender la autorización, pero con toda seguridad se trataba de Juan Benito Sola Castro “Pilas”, conservador de ideas y muy íntegro. En varios ocasiones tomó medidas para proteger a varios presos de las torturas a las que eran sometidos, y la Brigada Político Social de Ferrol hizo correr la voz de que era drogadicto, lo que era una calumnia.
(*)Parte de la página 4 del BS (Boletín de Seguimiento) elaborado por el SECED el 4 de diciembre de 1974, donde se informa de los problemas surgidos con la Domus Ecclesiae de Ferrol.
