Municipios lucenses y coruñeses por el que discurre el Camino del Obispo se unen para que sea ruta jacobea

Los alcaldes de los siete ayuntamientos por los que discurre el Camino del Obispo, cuatro lucenses (Mondoñedo, Abadín, Muras y Xermade) y tres coruñeses (As Pontes, San Sadurniño y Neda), han firmado en este último municipio en la tarde de este martes, 21 de junio, un convenio de colaboración para potenciar y conservar este Camino Real entre Mondoñedo y Ferrol, y que es además ruta de conexión entre los caminos francés e inglés.

Dicho acuerdo busca la colaboración entre todos los ayuntamientos para buscar el reconocimiento del itinerario como camino cultural en una primera fase, y como Camino de Santiago como objetivo último.

El acto se ha desarrollado en la Casa das Palmeiras y en el mismo se han dado cita José María López (alcalde de Abadín); Valentín González Formoso (As Pontes); Manuel Ángel Otero (Mondoñedo); Manuel Requeijo (Muras); Ángel Alvariño (Neda); Secundino García (San Sadurniño) y Roberto García (Xermade).

El acuerdo llega después de la concesión de la Compostela por parte del canónigo delegado de Peregrinaciones del Cabildo de la Catedral de Santiago.

PATRIMONIO

Con este acuerdo lo que se busca es la protección y puesta en valor en relación a los elementos del patrimonio cultural, tanto materiales e inmateriales, y del patrimonio natural existentes a lo largo de esta vía.

A través del citado convenio, los siete ayuntamientos se comprometen a presentar la candidatura del Camino del Obispo para su inclusión en el registro de Caminos Culturales de la Consellería de Cultura, previa elaboración de los estudios de la traza histórica de cada municipio.

Esa declaración, junto al reconocimiento eclesiástico ya logrado, abriría las puertas a la consideración del Camino Real como ruta jacobea.

Asimismo, llevarán a cabo trabajos de conservación y mejora del trazado, además de una mayor difusión del itinerario, con menciones específicas en las webs municipales o redes sociales.

El convenio, con una vigencia de cuatro años prorrogables por otros dos, contempla también la puesta en marcha de una comisión de seguimiento, vigilancia y control del convenio, que integrará una persona representante de cada ayuntamiento.

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