Cataclismo judicial

Gabriel Elorriaga F. (ex diputado y ex senador)

La crisis institucional que afecta a la cúpula de la Justicia en España no es explicable sin la obsesión manipuladora de todas las instituciones del Estado que personifica Pedro Sánchez. No es consecuencia de sus tareas ordinarias como presidente del Poder Ejecutivo sino de su estrategia de ocupación ideológica en beneficio del mantenimiento de una mayoría parlamentaria basada en coaligados, cómplices y distraídos recelosos de cualquier síntoma de autoridad de una justicia independiente. Esta obsesión viene dilatando los plazos para consensuar formalmente un cambio legal que, en un futuro más o menos próximo, consagre la autonomía de los jueces para elegir a sus órganos rectores.

Los españoles y las instituciones europeas contemplan con estupor el cataclismo judicial provocado por la resistencia de Sánchez a dar un paso que mengue su capacidad de intriga y contaminación y contravenga sus propios intereses. Por ello se ha llegado al espectáculo de la provisional e inconveniente bicefalia entre la Presidencia del Tribunal Supremo y la del Consejo General del Poder Judicial, tras la aparatosa anunciada dimisión de Carlos Lemes. En el Supremo tenemos en funciones al magistrado Francisco Marín Castán, que ostenta el segundo apellido de su tioabuelo José Castán Tobeñas quien presidió dicho tribunal desde 1945 a 1967 lo que, además de ser una muestra de la distancia que la estabilidad mantiene entre la justicia y los cambios gubernamentales, le permitió ser el máximo maestro de cuantos estudiamos en la facultad de Derecho de Madrid con su famoso libro “El Castán” que fue la Biblia de nuestra formación sin otra inspiración que el Derecho objetivo y su práctica. A este Marín Castán le corresponden estas funciones provisionales por antigüedad, a dos años de su jubilación. En el Consejo General del Poder Judicial los consejeros decidieron por mayoría que los presidiese Rafael Mozo como suplente por ser el consejero de mayor edad, aunque surgió un recurso contra su idoneidad por no tener la categoría de magistrado del Supremo y porque, en todo caso, debía ser una sola persona el presidente del Supremo y del Consejo. El recurso fue presentado por un vocal del Consejo y, también, por el secretario del mismo, con la pretensión de que el Supremo suspendiese el nombramiento de forma urgente como medida “cautelarísima”. El Supremo no consideró tal urgencia y decidió tramitar el recurso por la vía simplemente “cautelar”. Dada la parsimonia con que transcurre el inevitable acuerdo entre PSOE y PP para renovar el Consejo, no es de extrañar que la sala del Supremo no actúe con exceso de velocidad ya que es probable que, cuando los magistrados decidan el asunto, Mozo ya no sea presidente ni vocal del órgano en cuestión y haya pasado su suplencia sin pena ni gloria. En resumen, que la justicia está presidida temporalmente por una bicefalia discutible y posiblemente ilegal.

La hostilidad del sanchismo y de quienes lo rodean contra una justicia independiente se refleja en esas dilaciones que restan fuerza al Poder Judicial a la vez que difuminan con indultos o excarcelaciones la severidad de la ley. Se ha creado un clima de desconfianza entre jueces y políticos cuyo fondo es la causa del cataclismo. El tercer poder del Estado se desea desprestigiado y herido ante la opinión pública, manteniendo politización y desorden en sus órganos rectores. El Poder Judicial está fragmentado por causas ajenas a la conciencia jurídica y presionado por su resistencia a doblegarse ante intereses partidistas. Los estragos producidos por este cataclismo, que los medios califican habitualmente de bloqueo, son consecuencias de una regulación que ha impedido al Consejo realizar nombramientos durante la prórroga de su gestión, aumentando las vacantes y acentuando la crisis hasta una espera que Europa ha calificado desde Bruselas de “desesperada” de la justicia española. Este desatino salpica al Poder Ejecutivo, compromete a la oposición y divide al propio mundo judicial. Pero solo es explicable por la mentalidad sectaria de Sánchez ¿Por qué Sánchez teme a una justicia más independiente? ¿Por qué hace todo lo posible por prolongar la crisis de provisionalidad y el tiempo de las negociaciones de forma que provoca el actual déficit de personal? Porque sabe que con cualquier mayor grado de independencia, igual sea desde una tendencia calificada de “progresista” o de “conservadora”, se pueden contradecir sus convenios ocultos, sus medias palabras y sus disposiciones suicidas contra la fuerza de una legalidad superior. Desearía un país “desjudicializado” en que su palabra y su voluntad fuesen la ley suprema. Esto solo puede conseguirlo descabalando el edificio judicial y traficando con la cobertura de sus vacantes. Una operación a medio plazo que, afortunadamente, ha iniciado con retraso. Cuando ya se le ha visto el plumero de una traición al Estado consistente en debilitar el más esencial de sus poderes frente al separatismo. Pero un horizonte electoral de unos cuantos meses permite pensar que el ciclo de la abominación concluya sin que su voluntad desquiciada se consolide para siempre jamás.

Es evidente que un simple compromiso firmado de reformar el sistema en un plazo dentro de la actual legislatura rompería el bloqueo paralizante. Pero le cuesta mucho, le mortifica y lo interpreta como una derrota de su visión más personal que parcial de la composición del Estado. No es un pulso en que los demás puedan ceder porque se trata de una condición internacionalmente asumida como es la de una mayor autonomía de la Judicatura. Se mire por donde se mire, es Sánchez quien tiene que rectificar su conducta de acuerdo con la oposición o resignarse a ser clasificado en la casilla de los “demócratas imperfectos”.

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