La Sala de Gobierno del TSXG elimina las medidas adoptadas por COVID-19 en las sedes judiciales

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha acordado eliminar las medidas sanitarias adoptadas como consecuencia de la pandemia de la COVID-19 en las salas de vistas durante la celebración de actuaciones judiciales, así como las vigentes en otras dependencias y espacios comunes de los edificios.

El órgano de gobierno interno de los juzgados y tribunales de Galicia, por tanto, ha aprobado suprimir las restricciones de entrada y salida de las sedes judiciales, así como las relativas a la permanencia en ellas. De esta forma, ha ordenado eliminar, de modo inmediato, “todos los elementos que dificulten el acceso a los edificios y, en especial, de los profesionales”, entre los que ha puesto como ejemplos “timbres, cadenas, armarios o mesas”.

En la revisión del protocolo de actuaciones y organización de los órganos judiciales, que fue aprobado debido a la COVID-19, la Sala de Gobierno ha especificado que se deben retirar de todas las sedes judiciales gallegas los carteles indicativos de las medidas suprimidas, pues el objetivo es “restablecer en lo posible la situación ordinaria y de normalidad anterior a la declaración del estado de emergencia, sin perjuicio de las medidas puntuales acomodadas a cada situación particular que pueda adoptar cada juez o jueza en ejercicio de las facultades de policía de estrados que tiene atribuidas o las que puedan adoptar los Decanatos en el ejercicio de sus competencias”.

Por otra parte, la Sala de Gobierno ha recomendado a los profesionales que asisten a audiencias públicas el uso de toga, pues entiende que así lo requiere “la dignidad y la solemnidad” de estas actuaciones.

Por otra parte, ha acordado mantener la forma de celebración de las actuaciones procesales (posibilidad de hacerlas de forma telemática) y las medidas relativas a la atención al público recogidas en el protocolo, excepto las sanitarias indicadas anteriormente.

Para mejorar la atención a la ciudadanía, ha determinado que los órganos judiciales deberían indicar en un sitio visible de su sede el teléfono y el correo electrónico de contacto de cada uno de ellos; y ha recomendado el reparto de las citas previas en las oficinas judiciales en todo el horario de atención al público.

En cuanto a los registros civiles, ha recomendado específicamente que se repartan las citas en todo el horario de atención al público, así como que garanticen que la ciudadanía, a través del propio personal de los registros o de las oficinas de Atención a la Ciudadanía, pueda pedir cita a través del teléfono o de forma presencial.

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