¿Cuál es el problema, la Constitución o el paro?

Javier Cámara (Jefe de área de El Imparcial)

España está hecha un lío. Lo dice casi todo al que se pregunte. Allá por donde mires encuentras a alguien quejándose de la gobernanza nacional. Lo llamativo es la disparidad sobre la que se considera mejor administración territorial. No hay término medio y el poco que hay no está demasiado claro. Unos abogan por la independencia, otros por la recentralización y los hay que hablan de federalismo, e incluso del asimétrico. Visto así, ¿es posible llegar a un acuerdo?

Parece, pues, que el gran problema de este país es el modelo de Estado y cada vez más voces piden una reforma urgente de la Constitución. El sentimiento independentista reclama un cambio en la Carta Magna que permita la celebración de referéndums de autodeterminación. CiU quiere un Estado propio para Cataluña dentro de la UE, ERC dice que el modelo de convivencia con España es «insostenible» y Cataluña «ya no lo puede soportar» y el PNV defiende que Euskadi sea una nación «sin subordinaciones impuestas».

Puestos a pedir, no es de extrañar que hasta mi primo Amador, marteño por los cuatro costados, con RH muy positivo andaluz, proponga expulsar a España de su pueblo. Desde luego que entre la fábrica de faros y las cooperativas de aceite, le auguro mejor futuro al ’Estado Libre Oleocrático de Martos’ que a Cataluña.

Sin embargo, la actual situación de crisis económica está poniendo también sobre la mesa todo lo contrario, es decir, la conveniencia o no de seguir manteniendo un modelo, en palabras de Rosa Díez, «elefantiásico, inconexo, injusto e improductivo». No se esconden opiniones a favor de una reordenación, cuando menos, de las competencias de las comunidades. Wert ha encendido la mecha con la posibilidad de que el Gobierno tenga más incidencia en la elección de temas comunes en Educación. Si hablamos de retirar cada vez más competencias en materia sanitaria, las reacciones en contra pueden ser también desmesuradas.

Y digo yo: al margen de nacionalismos, recentralizaciones y federalismos, ¿si hubiera un 1% de paro, y no el 25% actual, se habrían producido las manifestaciones tan dramáticas que hemos visto en torno al Congreso? ¿De qué es hora entonces, de reformar la Constitución o de incidir en buscar soluciones al paro?

El gran problema de este país no es tanto una Constitución, ciertamente mejorable, como el alto paro reinante. Con trabajo desaparecerían las preocupaciones por las pensiones y por la deuda; los presidentes autonómicos se olvidarían del déficit; no saldrían 600.000 personas en Barcelona a protestar por los recortes de Mas y Rajoy y, de paso, a pedir la independencia; no habría cargas policiales contra ’indignados’ y ’aburridos’ y, por consiguiente, la ’marca España’ no sufriría ningún deterioro; se esfumarían las 10 manifestaciones al día en Madrid; los profesores tendrían interinos y los médicos más tiempo porque serían más; nadie se quejaría de lo que suben los medicamentos y los libros de texto y el IVA y la luz y el gas… y, finalmente, todos descansaríamos de Toxo y Méndez.

Aun así, es conveniente revisar un modelo de Estado obsoleto dominado por el desmesurado poder de los partidos políticos, que, según el informe presentado recientemente por Transparencia Internacional, se «adueñan» de las instituciones cuando gobiernan. No es aceptable el bajo nivel de transparencia en la gestión, el control de fondos públicos y la elección «a dedo» vista con normalidad en ámbitos tan sensibles como la justicia (Tribunal Constitucional o la Fiscalía General del Estado), el económico (Tribunal de Cuentas, el Banco de España) o social (Defensor del Pueblo).

Tal y como están las cosas, mi amigo Daniel dice que lo mejor que le podría pasar ahora mismo a España es que encontremos petróleo en las Canarias… ¡y también habría quejas!

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