Galicia Ártabra Digital Noticias de Ferrol y la comarca de Ferrolterra.
Cientos de jueces y fiscales, apoyados por los abogados, han exigido en concentraciones convocadas en las principales ciudades gallegas la «retirada inmediata» de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) al considerar que «perjudica la calidad de la justicia» y «no encuentra justificación alguna en la situación actual de crisis económica».
Estas movilizaciones ante las sedes judiciales de A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Vigo, Santiago de Compostela y Ferrol, se han sumado a las convocadas para este viernes por las siete asociaciones que integran la Comisión Interasociativa de forma simultánea en toda España.
Ante los juzgados de Ferrol,en la calle de A Coruña, cerca del medio centenar de personas, entre jueces, fiscales, abogados y funcionarios, han exigido la «retirada inmediata» de este proyecto de ley y han reclamado «que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mantenga su actual estructura y competencias potenciando el consejo fiscal» mostrando el rechazo de los profesionales de la Justicia a «cualquier modificación que mine la independencia e imparcialidad del poder judicial».
En este sentido, han reclamado «autonomía presupuestaria» para el CGPJ y la Fiscalía General del Estado de modo que «se garantice la independencia y eficacia del poder judicial y la autonomía del Ministerio fiscal».
Aumento de plantillas
Los profesionales han defendido «el aumento de la planta de jueces y fiscales hasta alcanzar los parámetros de la media europea» para lo que han considerado que «se deben convocar anualmente oposiciones como mínimo de 250 plazas».
«La sobrecarga desmedida de los órganos judiciales y fiscalías exige la creación de plazas necesarias de jueces y fiscales de carrera para terminar de forma progresiva y gradual con la justicia interina», han reivindicado.
Además, entre otras cuestiones, han reclamado la «creación de tribunales de instancia y nuevas oficinas judiciales y fiscales», ya que «el actual modelo es ineficaz sin la modernización tecnológica e inversión uniforme para todo el Estado».
Tasas
Han mostrado también la «oposición» de los profesionales de la Justicia a la «ley de tasas» al considerarla «desproporcionada» y que «limita el acceso a la Justicia de una forma «desmedida».
«Consideramos– señalaron miembros de la judicatura- que se debe prestar un servicio que sea ágil pero la forma de suprimir el colapso en los juzgados no es a base de impedir que la gente defienda sus derechos ante los tribunales, sino gestionando eficazmente la administración judicial».
Además, han incidido en la necesidad de «una regulación» de la carga de trabajo para «que sea asumible» y los profesionales «puedan prestar sus servicios en unas debidas condiciones de calidad». En este sentido, también han rechazado «el régimen sustituciones forzoso que se prevé implantar».
