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No se utilizó el empleo «como elemento decisorio de los proyectos».
El Tribunal de Cuentas ha detectado varias irregularidades en la puesta en marcha de los proyectos del Fondo Estatal de Inversión Local (FEIL), conocido como el Plan E, que puso en marcha el anterior Gobierno para las corporaciones locales, con una inversión de 8.000 millones de euros.
Ante la Comisión Mixta para la Relaciones con el Tribunal de Cuentas, el presidente de este órgano, Ramón Álvarez de Miranda, ha presentado el informe que constata que los ayuntamientos no seleccionaron los proyectos en función de la creación de empleo, que era su principal objetivo.
El fin consistía en realizar obras de competencia municipal de nueva planificación a fin de crear y mantener puestos de trabajo, con la reactivación de la economía.
Se distribuyó entre 8.090 entidades locales para sufragar 30.698 proyectos, con un importe máximo cada uno de 5 millones de euros y con un desembolso final de 7.836,16 millones de euros.
De acuerdo con el informe realizado por el Tribunal, Álvarez de Miranda ha señalado que, en términos generales, los ayuntamientos utilizaron ese dinero para llevar a cabo proyectos que no habían podido ejecutar por falta de recursos, pero no hubo obra nueva.
En casi la mitad de los contratos se incumplió el requisito de ejecución inmediata y en siete de cada diez proyectos el fin de las obras se retrasó más de los previsto. El periodo medio de puesta en funcionamiento fue de 134 días por encima de la fecha inicialmente fijada.
El presidente de la institución fiscalizadora ha señalado que la contratación de trabajadores no se utilizó «como elemento decisorio para la selección de proyectos», dice el informe, que añade que tampoco se siguió la continuidad en sus puestos de los trabajadores.
Además no se intentó lograr rebajas en los importes. De hecho, casi la mitad de los cuales se adjudicaron directamente sin publicidad.
PSOE: Fue una decisión política
Las críticas del Tribunal de Cuentas han sido respondidas por el socialista Gaspar Zarrías, que fue secretario de Estado de Cooperación Territorial cuando se ejecutaba el plan.
A su juicio, la puesta en marcha de este programa fue «una decisión política en un paisaje de contexto social y económico dramático» y llevada a cabo por un Gobierno que entendía «el valor de las políticas públicas como herramienta para cambiar las cosas, y no ser meros espectadores». También ha querido recordar que «ningún alcalde puso el grito en el cielo» ni rechazó el dinero que llegaba del Estado.
El Tribunal de Cuentas entiende que debido al carácter «excepcional» del fondo, cuya aplicación ya está finalizada al centrarse en los ejercicios de 2009 y 2010, y en algunos casos en 2011, se considera «innecesaria la formulación de recomendaciones».
PP: Una chapuza y un absoluto fracaso
Desde el PP, su portavoz, Eloy Suárez, ha indicado que «más que un plan, fue una ocurrencia de 8.000 millones que ha dejado muchas cargas». «Esta es parte de la herencia envenenada del PSOE», ha comentado.
En su opinión, el hecho de que sólo el 4% de los contratados por el Plan E siguieran trabajando en el segundo semestre del año, demuestra el «absoluto fracaso» del programa en lo relativo a la creación de empleo.
Con Álvarez de Miranda de testigo mudo, pues no ha querido entrar en el debate político sobre el Plan E, el presidente de la Comisión, el ‘popular’ Ricardo Tarno, ha tenido que intervenir para recordar a PSOE y PP que hoy no era el día de los debates partidistas.
Según les ha dicho, «ya habrá un momento para presentar propuestas de resolución y allí podrá sustanciarse el debate», pues este martes se trata de escuchar al presidente de la institución, que «no es él quien tiene que ver esto».
