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El Congreso de los Diputados ha respaldado en la tarde de este martes, día 2,, de forma unánime, las gestiones del Gobierno de España para intentar que el comisario europeo de la Competencia, el socialista Joaquín Almunia, reconsidere su postura de obligar a devolver las ayudas del tax lease, una decisión que la Comisión Europea tiene previsto adoptar el próximo 17 de julio y que, de producirse, puede significar el fin del sector naval español y gallego.
Proposición no de ley
El PP ha promovido la redacción de una Proposición no de Ley, que finalmente ha sido suscrita por todos los grupos parlamentarios y que se debatirá en la Comisión de Industria del Congreso convocada para el día 16 de julio.
El texto de la PNL consensuada coincide básicamente con la declaración institucional adoptada por el Gobierno de España, así como los gobiernos autonómicos de Galicia, País Vasco y Asturias y PYMAR en representación de los astilleros privados españoles y solicita “la reconsideración de la propuesta avanzada por el comisario de Competencia de devolución por España de las ayudas del tax lease”.
El coordinador de los diputados gallegos, Celso Delgado, ha destacado en su presentación que la intención de la PNL es que se visualizase el fuerte respaldo del Congreso al Gobierno de España en su labor de oposición a la decisión de tener que devolver las ayudas. “Hoy sumamos, desde el Congreso, esta fuerte petición conjunta de todos. Están afectados 87.000 empleos, fundamentalmente en el País Vasco, Galicia, y Asturias, pero también a Cantabria, Baleares y Canarias, y por ello nosotros pedimos encarecidamente que se tome una decisión que sea correcta y que no se mande al paro a 87.000 personas que no lo merecen”, ha dicho Delgado.
Riesgo de pérdida de puestos de trabajo
Delgado ha insistido en que existe riesgo de que se pierdan miles de empleos en el sector naval y ha calificado la propuesta del comisario Almunia de “injustificada”, ya que, según ha recordado, “nuestros astilleros, nuestros armadores, nuestros financiadores actuaron al amparo de un sistema que entendíamos y entendemos hoy que se ajustaba a la normativa legal vigente”, y ha asegurado que “debe prevalecer el principio de seguridad jurídica y de confianza, por lo que entendemos que estamos todavía a tiempo de que la Comisión recapacite y reconsidere”.
Para los diputados gallegos, tal y como figura en la exposición de motivos firmada por todos los grupos parlamentarios, “aunque Almunia, con ánimo exculpatorio, señala que no serán los astilleros los perjudicados, sino que los responsables únicos serán los armadores y los financiadores de las distintas operaciones, esta reflexión oculta premeditadamente la auténtica realidad”. Según aseguran los populares gallegos, no cabe duda de que la consecuencia directa de la propuesta de Almunia sería la búsqueda por parte de los armadores de nuevos países donde contratar sus buques a menor coste y con mayores garantías protección jurídica, así como el evidente bloqueo del crédito necesario para seguir construyendo barcos en nuestro país o cualquier otro activo sujeto a riesgo regulatorio.
ALMUNIA APLAZA LA REUNION CON GOBIERNO Y AUTONOMIAS
El vicepresidente de la Comisión y responsable de Competencia, Joaquín Almunia, ha aplazado a la semana que viene la reunión que le habían solicitado el ministro de Industria, José Manuel Soria, y los presidentes de Galicia, País Vasco y Asturias para pedirle que reconsidere su decisión de obligar a España a recuperar las ayudas concedidas a los astilleros ente 2005 y 2011.
«El vicepresidente les ha propuesto que esta reunión tenga lugar la semana que viene», ha explicado su portavoz, Antoine Colombani, que no ha precisado la fecha. Las autoridades españolas habían adelantado que la reunión podría producirse este miércoles 3 de julio.
El Ejecutivo comunitario tiene previsto adoptar su decisión final el 17 de julio. Almunia dijo este lunes que no puede «perdonar» a España la recuperación de las ayudas públicas concedidas en el marco del ‘tax lease’ porque estaría violando la legislación de la UE. «Jurídicamente, no se puede perdonar«, aseguró.
«Nosotros existimos y estamos aquí para hacer valer el interés general europeo, no dependemos de ningún país, no podemos recibir instrucciones de ningún país«, sostuvo Almunia al ser preguntado por la petición del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para que hiciera un «esfuerzo».
«Haríamos un mal servicio a la UE si pensamos más en los intereses de un país, sea el nuestro o sea otro, que en los intereses del conjunto y, desde luego, no seríamos comisarios ni un día más si no respetamos nuestras propias normas jurídicas«, insistió.
Asistirán Méndez y Toxo
Los secretarios generales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, respectivamente, participarán en la delegación española que se reunirá en Bruselas con el comisario de Competencia, Joaquín Almunia, para reclamar la no devolución de las bonificaciones fiscales recibidas por el sector naval a través del sistema ‘tax lease’.
Toxo y Méndez participarán de esta forma en el grupo de representantes de comunidades autónomas, patronal y del Ministerio de Industria que hará «frente común» y reclamará al comisario europeo un dictamen favorable sobre las ayudas.
La inclusión de los sindicatos es fruto de las exigencias trasladadas al ministro de Industria, José Manuel Soria, a quien pidieron que realizase las gestiones oportunas para que, cuanto antes, el comisario europeo de Competencia se reuniera con quienes han constituido un frente común en defensa del sector naval.
CC.OO. acudirá a Bruselas con dos objetivos. El primero será expresar a Almunia la necesidad de que se validen los principios de confianza legítima y seguridad jurídica expuestos en los reiterados informes que hasta la fecha se han entregado a la Comisión Europea.
Si estos dos principios del derecho comunitario se incluyen en el dictamen final, los astilleros españoles no tendrán que devolver las ventajas fiscales que recibieron hasta 2010, señala.
En segundo lugar, CC.OO. exigirá al comisario de Competencia que se dote al sector europeo de la construcción naval de un escenario de seguridad jurídica que ponga fin a las continuas guerras comerciales en el interior de la Unión Europea, que solo benefician a los astilleros asiáticos.
El sindicato «confía en que Joaquín Almunia entienda las graves consecuencias, sociales y laborales, que una decisión desfavorable a los astilleros españoles sobre el ‘tax lease’ tendría en el sector, en la economía y en el empleo de unas comarcas que conviven con elevadísimas tasas de paro», afirma.
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